Después de ver las detenciones de los jóvenes
que han protestado por el tarifazo del
metro de Madrid, impulsado por Esperanza Aguirre, me reafirmo en el
desigual rasero con el que se trata a delincuentes probados que perjudican a la
ciudadanía en general o estafan a miles de personas y a ciudadanos que ejercen
una protesta pacífica, que todo lo más causa ligeras molestias que no tienen
comparación con las susodichas.
El tratamiento que se da a quienes
protestan contra las subidas abusivas de tarifas en el transporte público es de
“líderes de grupos organizados” que han causado perjuicios a miles de
ciudadanos y que “podrían haber causado problemas de orden público”.
La forma en que se llevan a cabo las
detenciones parece que dieran por hecho que esos problemas de orden público ya
se han producido y por ello son tratados directamente como delincuentes.
Es curioso que a Dívar se le trate como a
una víctima, habiendo hechos probados, que incomprensiblemente no constituyen
motivo de causa penal y a estos jóvenes se les detenga casi como a terroristas,
con la misma parafernalia y estrepito que se emplea con delincuentes del crimen
organizado.
Juegan además a desacreditar los
movimientos ciudadanos que pueden “aprobar” o considerar legítimas estas formas
de protesta, diciendo que gracias a la colaboración de personas de ese mismo
movimiento (que no están de acuerdo con la forma de protesta) se les ha podido
arrestar.
Intentar generar el miedo y aplicar la
mentira sistemática siempre han ido de la mano en los sistemas represivos que
intentan acallar incluso las protestas pacíficas, que ellos tildan de “violentas”
por sistema.
La pretensión de que se pueda solicitar
para los “saboteadores”, hasta cinco años de cárcel es una burla y lo será
mientras no vayan a juicio antes, desde Rodrigo Rato, pasando por todos los
banqueros que se han beneficiado con la ruina de sus propios bancos y la misma
Aguirre, a quien le gusta echar leña al fuego para incendiar aún más los ánimos de sus mas
enfervorizados hooligans.
