EL
NUEVO VASALLAJE
Hace ya mucho tiempo que deberíamos haber tomado en serio
los males que aquejan a nuestro medio ambiente. En los centros de enseñanza se
incluye el respeto al medio y el desarrollo sostenible como conceptos
esenciales que han de marcar la conducta de alumnos y profesores, de manera que
nos eduquemos en dicho respeto y él sea la guía de nuestras buenas prácticas.
Paralelamente, nuestros responsables políticos se toman
como un juego el hacer ver que figuran en sus programas los asuntos ecológicos,
pero en la práctica son un molesto engorro, al que solo hay que atender en
época de campaña y por exigencias de un guión que querrían evitar.
De todos los temas que tienen que ver con el medio
ambiente, el del agua es, sin duda, de los más urgentes a tratar por muchas
razones. La primera de ellas por el hecho de ser el elemento vital que nos
sostiene como seres vivos y del que está compuesto nuestro organismo en más de
sus tres cuartas partes. El agua, junto con el aire, son las materias vitales frente
a las que el mercantilismo de los seres humanos debería frenar en seco y
dejarlas fuera como objetos de mercado. Esto sin discusión posible ni medias
tintas.
Hete aquí que en lugares en los que no escasea el agua,
lo que se viene encima (tanto o más que en donde si escasea) es su privatización más o menos encubierta,
pero cada vez más descarada.
Esa privatización se ha envuelto en algo más que una
pátina de legalidad cuando, ¿sin saber exactamente el alcance de lo que
acordaban?, los partidos aragoneses (léase PAR, PP y PSOE, fundamentalmente)
decidieron aceptar la propuesta de depuración generalizada en los municipios
aragoneses. Se creó un organismo llamado Instituto Aragonés del Agua, cuyo
cometido (se suponía) era favorecer todos los asuntos concernientes al agua en
Aragón, en beneficio de los ciudadanos aragoneses. En vez de eso, se convierte
en un elemento de presión y “extorsión” para exigir e intentar obligar a los
municipios aragoneses a firmar los convenios de depuración, en los términos que
dicho organismo establece, es decir depuradoras químicas, con un coste
desorbitado, cuyo gasto no es asumible por los ayuntamiento y cuya conveniencia
en el caso de municipios pequeños y sin industria es más que dudosa.
El valor de cada depuradora es de varios millones de
euros. La construcción de las mismas supone un negocio para los vendedores de
cemento y otras empresas privadas relacionadas con grandes obras públicas. Al
no tener capacidad ningún ayuntamiento para financiar semejantes obras, estas serán
realizadas por empresas público-privadas (tan de moda), que en la práctica
pasarían a controlar la gestión de los tramos de los ríos, en cuyos cauces se
construyan las depuradoras. Es decir que dichas empresas pasan a ser “dueñas”
en la práctica de la gestión del agua, arrogándose competencias que hasta ahora
han pertenecido a los municipios. No solo eso, sino que durante veinte años
cobran por los derechos de explotación a los vecinos del municipio un canon que
podría suponer, a día de hoy, más de 350 euros por persona y año. Es decir que
aparte del coste de la depuradora, los
vecinos de Aínsa y Boltaña estarían obligados a pagar anualmente más de 700000
(setecientos mil) euros en concepto de mantenimiento de la instalación. El
negocio no puede ser más redondo, ni más sangrante para el bolsillo de todos y
cada uno de los vecinos.
¿Qué interés puede tener una entidad pública como el
Instituto Aragonés del Agua en meternos en semejante lodazal, en semejante
trampa ruinosa y descabellada?
Está claro que (Bien atentos José Miguel Chéliz y Cia) no
es el interés público. Si lo fuera se optaría por salidas menos feudales. ¡Si¡
He dicho feudales, porque como historiador hace tiempo que considero que se
está aprovechando la crisis para volver a una suerte de feudalismo aberrante y
profundamente injusto.
El negocio es el negocio y todos sabemos en Aragón que,
antes que el Eurovegas de Aguirre, se intentó llevar a la práctica el Gran
Escala de Biel.
Son los negocios ¡Estúpidos¡ diría alguien.
Aquí entramos en el tema de para qué se entra en
política. Para servir al pueblo consideraba yo, ingenuo de mi, hace ya bastante
tiempo. Para medrar y asegurarse un buen sueldo y mejor pensión, piensan hoy
más de la mitad de los españoles. También por el ansia de poder que satisface a
espíritus autoritarios que se siente colmados con el hecho de imponer su
voluntad a los demás.
¿A qué clase pertenecen el señor Alfredo Cajal, director
del Instituto Aragonés del Agua, o su expresidente, el señor Boné, que tanto
han hecho y siguen haciendo para que uno a uno vayan cayendo en la red de su depuración todos los ayuntamientos de
Aragón? Solo por el empeño con que lo
hacen y por los argumentos que emplean para descalificar a quien no les dan la
razón, me podría aventurar a contestar la pregunta planteada.
Pero, a día de hoy, por cercanía, me gustaría responder a
esa pregunta al plantearla sobre nuestros políticos locales.
En un pleno de esta primavera al que acudí y en el que se
acordó (con la oposición de CHA e IU), la bajada de sueldos para los
trabajadores del ayuntamiento de Aínsa, nuestro alcalde, Miguel Chéliz apuntó
después el hecho de la conveniencia de que, al menos, hubiera dos personas de
la corporación municipal (imagino que él y su mano derecha, que se sienta a su
izquierda), que tuvieran un sueldo (sin especificar cuantía). Un vecino le
apuntó acertadamente que le parecía fuera de lugar y poco serio plantear dicha
posibilidad y menos en el momento mismo de rebajar seriamente el sueldo de gran
parte de los operarios del ayuntamiento.
A todo esto, en esa época José Miguel Chéliz era
partidario (y también la mayoría del Consistorio) de no firmar el convenio de
depuración en los términos planteados por el señor Cajal y buscaba una salida
más racional y menos gravosa para sus convecinos.
Este verano tuvo la ocurrencia (ahora me parece
definitivamente una pifia) que, al parecer, no consultó ni con su almohada de
mandar a la brigada arrasar casi 300 metros de talud interior de la escollera
del Ara ( incluyendo varios grandes chopos y otros árboles varios), dejando sin
una puñetera sombra a los posibles paseantes estivales.
Después de ver el desaguisado, cuando me lo encontré y le
pregunté, (airado, la verdad) el porqué del destrozo, acabó por decirme que en
todo caso y al fin y al cabo, como eran terrenos municipales no había lugar a
más discusión. En aquel momento esto lo comenté tan solo con allegados
(creyendo todavía en la buena fe de
nuestro alcalde y el fin para el que se sacrificaban aquellos viejos chopos).
Hoy, visto el giro que ha tomado el asunto de la depuración y las formas que
empleó nuestro alcalde en el pleno, entiendo mejor todo.
De pensar que era la buena voluntad y la razón lo que
movía a nuestro alcalde a invitar al alcalde de Fabara, a Pedro Arrojo y a
otras personas a que nos explicasen otro modelo de depuración más barato y
limpio que el propuesto por el Instituto Aragonés del Agua, pasamos a una
convocatoria de pleno, de forma sorpresiva y sin fundamento, en la que se
propone la firma del convenio de depuración, a toda prisa y sin ninguna
apelación a la ciudadanía, tal como se viene haciendo (no sé si por puro
paripé, a seis mil euros la broma) en el asunto de la normativa que afectará
del Casco Antiguo.
El pleno del 6 de noviembre fue una farsa desde el
principio. Todos nos seguimos haciendo la misma pregunta que el concejal de la
CHA ¿Cómo podía estar tan seguro el señor Cajal de que la decisión que se iba a
tomar era la de firmar el convenio antes de que se celebrase el pleno? Cuando
le hizo esa observación al señor alcalde, se sintió ofendido y dijo que le
preguntase directamente al seño en cuestión. Es decir no respondió, ni tampoco
aclaró como se había llegado al cambio de postura (me refiero a las negociaciones
entre bambalinas, no al escrito pretendidamente aclaratorio con el que intentó justificar su gestión final en
el asunto)
Fue un espectáculo en el que hubo conatos de
autoritarismo, impropios de alguien que aspira a ser un socialista-progresista.
Hubo indignación ante las prisas por pasar a votar sin atender las preguntas de
la concejala de IU y quitarse el “muerto” de encima cuanto antes.
La carta del señor alcalde, que me perdone, pero no sirve
ni para un mal lavado de cara. No ya ante esa mayoría que, según él, le
echarían en cara el tener que pagar multas en un futuro (el miedo y el chantaje
con el que ha comulgado y que le ha superado), sino ante los vecinos que nos
hemos interesado por el tema de la depuración, que hemos apoyado las
iniciativas para buscar soluciones y que estamos dispuestos a seguir apoyando a
Plan en su empeño por conseguir lo que considera razonable y a Fabara por
mantener lo que dignamente ha construido con el esfuerzo de todos sus vecinos.
Nuestro alcalde apeló a la razón de la mayoría, además de
a la responsabilidad. En realidad le venció el miedo escénico a quedarse solo y
que le señalasen. Le pudo el qué dirán. Le pudo, junto a sus concejales, la
disciplina de voto (tan reflexiva ella) y el ordeno y mando de las componendas en
instancias ajenas. Le pudo el miedo a enfrentarse cara a cara, con la fuerza de
la razón a la razón de la fuerza.
De los miembros del PP ¿qué decir, si todo lo que
expresan es a través de los gestos o monosílabos de su portavoz?
Quien debió quedar satisfecho fue el señor don Miguel
Ángel García, quien, siendo del mismo partido que el señor Cajal y parte muy
interesada en el asunto (También por el bien general, por supuesto), no tuvo
que abrir la boca y se salió, como el señor Cajal, con la suya, sin necesidad
de quemarse, como le ocurrió al señor alcalde.
Tanto los recortes de plantilla previstos, como la subida
de un 5% (y no el IPC como quería colar el señor alcalde, a lo somarda) del
agua (ese bien tan vital) son una muestra más de que también a escala local se
nos va a “joder” sin paliativos para seguir la norma del país entero.
Por último decir que ya hace siglos que se considera legítimo
enfrentarse a las tiranías con todas las armas a nuestro alcance. Una de ellas,
bastante eficaz si la adopta una mayoría, sería negarse a pagar el canon de
depuración. Ese canon ya pagado a IAA (94000 euros de un solo año) nos podía
haber servido en poco más de cuatro años para construir una depuradora
ecológica y gestionada por nuestro ayuntamiento.
Una parte mayoritaria de aquellos a los que se ha
otorgado el voto no lo han dispuesto así. Preparémonos para lo que venga y no
reblemos más de lo que ya se ha hecho o daremos otro paso para regresar a la
Edad Media. Financiera, tecnológica y muy mafiosa, eso si.
